Una orden judicial temporal que mantiene en suspenso un fallo sobre la designación de Venezuela de 2023 para el Estatus de Protección Temporal (TPS) vence el viernes 20 de noviembre. El gobierno federal pidió el miércoles a la Corte Suprema mantener el fallo en suspenso mientras se tramita su apelación. El registro público indicaba que la solicitud había sido presentada a la jueza Elena Kagan y, hasta la mañana del jueves, no registraba ninguna orden que la concediera.
La fecha del 20 de noviembre se desprende de una orden de la corte de apelaciones del Noveno Circuito. El 3 de noviembre, la corte retiró su anterior denegación de una suspensión y concedió al gobierno una suspensión administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre. En su nueva solicitud, el gobierno pide dos medidas: una suspensión breve mientras la Corte Suprema estudia la solicitud y otra más prolongada mientras el Noveno Circuito examina la apelación y se tramitan las eventuales actuaciones posteriores ante la Corte Suprema.
El fallo en cuestión data de septiembre de 2025. Un juez federal del Distrito Norte de California anuló dos decisiones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: la revocación de una prórroga de la designación de Venezuela de 2023 y la terminación de esa misma designación. El aviso de terminación distinguía la designación de 2023 de la designación separada de Venezuela de 2021, cuya terminación queda fuera de este caso, según el gobierno.
La Corte Suprema devolvió el caso al Noveno Circuito el 5 de octubre para que lo reconsiderara a la luz de su decisión en Mullin v. Doe. El gobierno sostiene que la ley federal impide la revisión judicial de las decisiones impugnadas. El tribunal de distrito había rechazado ese argumento al fallar a favor de la National TPS Alliance y los demás demandantes.
La cuestión inmediata es si la sentencia del tribunal de distrito puede surtir efecto mientras sigue la apelación. Si ningún tribunal interviene antes de que venza la suspensión del Noveno Circuito, el gobierno afirma que surtirá efecto la sentencia que anuló la terminación de la designación. Una suspensión aplazaría esa consecuencia mientras los tribunales examinan si el fallo debe mantenerse.