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El Concejo de Nueva York aprueba prohibir los precios basados en vigilancia y permite descuentos de fidelidad

El proyecto limitaría los precios fijados con datos personales y mantendría ciertos descuentos cuyas condiciones se informen. Aún no está en vigor.

Ilustración generada por IA. Una huella dactilar de vidrio sobre una etiqueta de precio representa el uso de datos personales para fijar precios. · United Herald
Ilustración generada por IA. Una huella dactilar de vidrio sobre una etiqueta de precio representa el uso de datos personales para fijar precios. · United Herald

Dos compradores podrían seguir pagando precios distintos por el mismo artículo con el proyecto que el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó el jueves. Lo que importa es cómo llegó el vendedor a ese precio. Una oferta relámpago anunciada públicamente podría seguir adelante. Un algoritmo que use datos personales para mostrar precios distintos a diferentes compradores por el mismo artículo quedaría sujeto a la prohibición, salvo que se aplique una excepción. El Concejo aprobó el proyecto 891-A por 44 votos contra 5 el 12 de noviembre.

La diferencia se ve mejor en un programa de fidelidad. Según el proyecto, un comercio podría ofrecer un descuento real mediante un programa al que los clientes decidan inscribirse a sabiendas, siempre que informe con claridad de la oferta a sus miembros según las reglas aplicables. El programa podría incluso usar el historial de compras del cliente para determinar un nivel de descuento que se haya dado a conocer, siempre que no combine ese historial con otros datos personales, aparte de la inscripción en el programa. El vendedor no podría usar esa excepción para subir sin aviso el precio habitual a un comprador concreto.

Las empresas que ofrezcan descuentos personalizados que cumplan los requisitos tendrían que permitir que los compradores pregunten qué datos personales tuvo en cuenta la empresa y cómo los usó para fijar un precio concreto. El proyecto contempla sanciones civiles de hasta 1.000 dólares por infracción. También establece excepciones, entre ellas ciertas decisiones sobre solvencia crediticia y los precios exigidos o autorizados expresamente por una ley estatal o federal.

El registro del Concejo sitúa la medida en manos del alcalde y no indica una fecha de promulgación. El proyecto da a las empresas un año desde que se convierta en ley hasta que entren en vigor las reglas. Para quienes quieran saber cuándo se aplicarán, la fecha que cuenta en el registro es aquella en que el proyecto se convierta en ley, no la de la votación del jueves.

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