Los visitantes aún pueden acceder al campo de golf East Potomac, en Washington, D. C., durante el horario diario que regía el 14 de noviembre, en virtud de una orden judicial dictada ese día. Eso no garantiza que puedan jugar una ronda. La jueza federal de distrito Ana Reyes prohibió al Gobierno impedir el acceso público al recinto por falta de un servicio de golf, pero no obligó a las autoridades a operar el campo para el juego ni a contratar a un operador.
El aviso del Servicio de Parques Nacionales disponía cerrar los terrenos federales del parque al sur de Buckeye Drive SW, incluido el campo de golf, a partir del 15 de noviembre y hasta que el superintendente modificara o revocara la decisión. La orden judicial trata por separado el campo y el resto del parque. Protege el acceso a ambos, incluida la vía Ohio Drive SW, con excepciones concretas.
En el campo, Reyes permitió cierres habituales y temporales acordes con las prácticas anteriores. En el resto de la zona al sur de Buckeye Drive, la orden permite restricciones temporales en las inmediaciones de las obras de reparación del muro de contención de la ribera cuando sean necesarias para la seguridad pública. Las restricciones por estas obras o por peligros inminentes solo pueden abarcar el espacio y durar el tiempo razonablemente necesarios para proteger al público.
Una amenaza inminente para la seguridad puede justificar restricciones tanto en el campo como en el resto del parque al sur de Buckeye Drive. Según el procedimiento de emergencia de la orden, las autoridades pueden restringir el acceso en el entorno inmediato del peligro sin previo aviso, pero deben notificarlo por escrito al tribunal y a los demandantes en un plazo de 24 horas. Deben describir la amenaza, explicar por qué es necesaria la restricción, precisar su alcance y duración y presentar una declaración jurada de un alto funcionario del Servicio de Parques Nacionales.
La orden judicial temporal rige hasta el 28 de noviembre inclusive, salvo que el tribunal actúe antes, y mantiene en vigor una medida cautelar anterior. Reyes consideró probable que los demandantes ganen al menos en sus pretensiones relativas a la evaluación ambiental federal y al derecho administrativo. Esa conclusión explica la protección temporal; el tribunal aún no ha resuelto esas pretensiones de forma definitiva.