Para las personas sujetas a las restricciones de asilo de la administración Trump en la frontera sur, la orden de la Corte Suprema del viernes no reabrió la vía para presentar solicitudes. El 13 de noviembre los jueces accedieron a examinar el caso *Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services*. No decidieron si las restricciones son legales ni levantaron la orden judicial que ha mantenido en vigor la parte de la política relativa al asilo.
La diferencia se explica por dos órdenes de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. En agosto de 2025, la corte suspendió las partes del fallo de un tribunal inferior relativas al asilo. Dejó vigentes otras partes del fallo, entre ellas la protección de los demandantes individuales y de los miembros del grupo contra la expulsión sin acceso a los procedimientos previstos por la Convención contra la Tortura. En abril de 2026, un panel falló sobre el fondo en contra de la administración. Concluyó que la facultad de suspender la entrada no autorizaba al presidente a eludir los procedimientos de expulsión establecidos por el Congreso ni a impedir que los demandantes solicitaran asilo.
En julio, la corte de apelaciones aplazó la emisión de su mandato, el acto formal que da efecto a su fallo, hasta la resolución definitiva de la Corte Suprema, siempre que el Gobierno presentara una petición y notificara a tiempo a la corte de apelaciones. El Gobierno presentó la petición y notificó a la corte el 24 de agosto. La petición del Gobierno y la respuesta de los demandantes coinciden en el resultado práctico: la suspensión parcial anterior mantuvo vigentes las restricciones de asilo. La decisión del viernes de examinar el caso no alteró esa situación.
Los jueces aceptaron examinar dos cuestiones. La primera es si la Proclamación Presidencial 10888 y las instrucciones para aplicarla son legales. La administración sostiene que, como conceder asilo es discrecional, puede negarse a aceptar solicitudes de personas a quienes ya decidió denegárselo como grupo. Los demandantes sostienen que la facultad discrecional de denegar una solicitud no permite al Gobierno impedir que se presente.
La segunda cuestión se refiere a lo que puede hacer un tribunal inferior si determina que hubo una infracción: si la ley federal prohíbe las medidas de protección que el tribunal de distrito concedió al grupo en su conjunto. Los jueces no aceptaron examinar la cuestión separada que planteó el Gobierno sobre la definición del propio grupo. El expediente de la Corte Suprema deja constancia del alcance limitado de la revisión. Allí se podrá consultar el calendario de escritos y de la audiencia oral.