La medida cautelar federal que detuvo las obras del muro fronterizo en el sector de Big Bend, en el oeste de Texas, queda sin efecto mientras siga vigente la suspensión dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos. El tribunal concedió la suspensión el 9 de noviembre y retiró así ese obstáculo judicial a las obras. La decisión no indica cuándo volverán los equipos de construcción.
La orden del 2 de octubre impedía a los demandados federales levantar barreras o infraestructura asociada o remover tierras en el sector sin cumplir las leyes aplicables. También les impedía acogerse a las exenciones impugnadas. El litigio comenzó después de que el secretario de Seguridad Nacional eximiera al proyecto de requisitos ambientales y de conservación. Entre los demandantes figuran un guía fluvial, el Center for Biological Diversity y Friends of the Ruidosa Church, una organización sin fines de lucro que trabaja para preservar una iglesia histórica de Texas. La resolución del tribunal de distrito identifica a las partes y explica las exenciones.
Los dos tribunales interpretaron de manera distinta la misma impugnación. El tribunal de distrito consideró que el argumento de los demandantes era constitucional: entendió que la exigencia de una autorización clara del Congreso para decisiones de gran trascendencia se derivaba de la separación de poderes. La Corte Suprema entendió que la controversia se refería a lo que autoriza una ley. La distinción fue decisiva porque la sección 102 de la ley de inmigración de 1996 solo permite impugnar estas exenciones si se alega una violación de la Constitución. La Corte concluyó que era muy probable que prosperara el argumento del Gobierno de que el tribunal de distrito carecía de competencia para examinar esa pretensión concreta.
La Corte también sopesó el interés del Gobierno en evitar retrasos en las obras frente al perjuicio que, según los demandantes, sufrirían al usar y disfrutar de la zona. Concluyó que, en la disposición sobre exenciones, el Congreso dio prioridad a la construcción rápida de infraestructura fronteriza. La jueza Ketanji Brown Jackson habría denegado la suspensión; la resolución no expone sus motivos.
El Gobierno pidió tanto la suspensión como la revocación por la vía sumaria. La Corte concedió la suspensión. La ley atribuye la revisión de esta medida cautelar directamente a la Corte Suprema, sin pasar por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Según los términos de la decisión, si el Gobierno solicita la revisión dentro del plazo, la medida seguirá suspendida mientras la Corte examina la solicitud. Si deniega la revisión, la suspensión termina automáticamente. Si acepta el caso, la suspensión termina cuando la Corte remite formalmente su fallo al tribunal inferior.