El 10 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos sobre quién puede decidir si una granja debe pagar salarios atrasados y multas civiles en el marco del programa H-2A para trabajadores temporales. En Department of Labor v. Sun Valley Orchards, la cuestión es si el Departamento de Trabajo puede resolver esas reclamaciones en sus propios procedimientos o si debe acudir a un tribunal federal.
La disputa parte de un documento que fija las condiciones de la oferta de empleo. En 2015, la granja de Nueva Jersey prometió allí acceso gratuito a instalaciones para cocinar y transporte a una tienda de comestibles. Según el relato del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, el Departamento de Trabajo concluyó que los trabajadores no tenían acceso efectivo a una cocina y que se les cobraba por las comidas sin previo aviso. En ese mismo procedimiento, un juez administrativo redujo los importes fijados inicialmente por el departamento a 344.945,80 dólares en salarios atrasados y 211.800 dólares en multas civiles. La Junta de Revisión Administrativa del departamento confirmó esas cifras.
La oferta de empleo cumple dos funciones. Establece lo que se promete a los trabajadores y deja constancia de las condiciones que acepta el empleador para contratar a través del programa H-2A. En la transcripción de la audiencia, la abogada del Gobierno subrayó la segunda función: el departamento hacía cumplir los compromisos que el empleador había contraído con el Gobierno a cambio de acceder al programa. El abogado de la granja subrayó la primera: decidir si la granja incumplió esas promesas y debe pagar se asemeja a resolver un litigio contractual que corresponde a un tribunal federal.
En 2025, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito dio la razón a la granja. Determinó que el artículo III de la Constitución exigía que, en este caso, el departamento acudiera a un tribunal federal de distrito y devolvió el asunto con instrucciones de dictar sentencia a favor de Sun Valley. No examinó el argumento separado de la granja de que el departamento carecía de autoridad legal para imponer esos pagos por vía administrativa.
El registro de la Corte Suprema consigna la audiencia y todavía no incluye una decisión. La cuestión es dónde se determinará la responsabilidad. Un tribunal federal que revisa un procedimiento administrativo ya concluido cumple una función distinta de la de un tribunal que conoce del caso en primera instancia. El abogado de la granja habló de esa diferencia durante la audiencia. La audiencia por sí sola no cambió las condiciones que los empleadores deben ofrecer a los trabajadores.