Un estudiante internacional admitido por la «duración de su estatus» no tiene que pasar a un plazo fijo de estancia a raíz de la norma que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió en julio. El lunes 16 de noviembre, el juez federal de distrito F. Dennis Saylor IV, en Massachusetts, anuló la norma en su totalidad. La medida también habría impuesto plazos fijos de admisión a visitantes de intercambio y representantes de medios extranjeros.
Lo que cambia es la medida judicial. En septiembre, Saylor aplazó la entrada en vigor de la norma un día antes de la fecha prevista. Esa orden preliminar se basó en la probabilidad de que los demandantes ganaran el caso. El lunes, el juez resolvió el fondo del asunto a favor de los demandantes y anuló la norma al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como nunca entró en vigor, no hay un nuevo procedimiento de admisión que revertir.
Pensemos en un estudiante con estatus F-1 que avanza con normalidad en un doctorado que dura más de cuatro años. Con el régimen vigente de duración del estatus, un estudiante admitido en esas condiciones puede, por lo general, permanecer en el país mientras mantenga su estatus. Si necesita más tiempo del que la institución había previsto inicialmente, las reglas vigentes siguen rigiendo la prórroga del programa a través de esa institución. Con la norma de julio, el período inicial autorizado para estudiar se habría limitado a cuatro años, y permanecer más tiempo para continuar el mismo programa habría exigido, por lo general, una prórroga del DHS. La decisión del lunes mantiene el procedimiento vigente.
El Gobierno sostuvo ante el tribunal que los plazos fijos darían a los funcionarios de inmigración oportunidades periódicas de verificar el cumplimiento de las condiciones y ayudarían a combatir el fraude y las amenazas a la seguridad. Saylor determinó que el DHS no había evaluado adecuadamente una opción menos gravosa: mejorar el uso del sistema de información de estudiantes y visitantes de intercambio (SEVIS), que ya recopila información de las instituciones educativas. También concluyó que las restricciones a lo que podían estudiar los alumnos con estatus F-1 excedían las facultades legales del DHS.
El recurso que el Gobierno ya presentó ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito se refiere a la orden preliminar de septiembre. Para impugnar la decisión del lunes sobre el fondo habría que recurrir la sentencia definitiva. La distinción importa porque el recurso contra la orden de septiembre, por sí solo, no pone en vigor la norma de julio.