La venta de un terreno federal no despejaría necesariamente el camino para construir un centro de datos, según un proyecto presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 11 de noviembre. H.R. 11002 prohibiría la construcción en los terrenos que abarca y exigiría incluir en las futuras transferencias una cláusula que podría devolverlos al gobierno federal. La representante Maxine Dexter, de Oregón, presentó el proyecto, que fue remitido a los comités de Recursos Naturales y Agricultura de la Cámara. Aún no es ley.
La primera pregunta para un promotor sería quién administra el terreno. La definición de tierras federales del proyecto abarca los terrenos del Sistema Nacional de Bosques y los administrados por el Departamento del Interior. Excluye las tierras dentro de una reserva indígena, un pueblo o una ranchería, así como determinadas tierras en fideicomiso y otras tierras indígenas fuera de esos límites. Por tanto, saber que un terreno es de propiedad federal no bastaría para determinar si le afecta la prohibición.
La segunda pregunta sería qué ocurrió con el terreno después de salir de manos federales. La sección 2(c) exigiría una cláusula de reversión en toda transferencia de tierras cubiertas desde la fecha de promulgación de la ley. Si el terreno transferido se utilizara para un centro de datos, la cláusula dispondría su devolución a Estados Unidos, salvo que una ley del Congreso autorizara expresamente ese uso. Lo que activaría la cláusula sería el uso para un centro de datos; el proyecto no prohíbe toda venta de los terrenos que abarca.
El tamaño por sí solo tampoco resolvería la cuestión. El proyecto adopta una definición federal vigente que se fija en si una instalación alberga principalmente equipos para procesar, almacenar y transmitir información digital. En cambio, H.R. 10465, otro proyecto presentado en septiembre, exigiría una evaluación ambiental y la participación pública para determinadas autorizaciones de la Oficina de Administración de Tierras relativas a centros de datos de hiperescala. Una carga máxima de al menos 50 megavatios figura entre sus criterios. El proyecto de Dexter no fija un umbral equivalente. Para evaluar un emplazamiento propuesto, convendría consultar qué organismo administra el terreno, cuáles son las condiciones de cualquier transferencia y cuál sería la función principal de la instalación.