Si el propietario de un edificio deja sin corregir una infracción de las normas que supone un peligro inmediato, un proyecto de ley del estado de Nueva York permitiría a las ciudades participantes hacer la reparación y cobrarle su costo. El Senado estatal registra que el proyecto S1838 fue enviado a la gobernadora el 13 de noviembre, después de que el Senado lo aprobara en mayo y la Asamblea en junio. El envío figura como la última actuación.
Según el texto aprobado, el estado tendría que financiar el programa piloto y solo podrían participar los municipios que tengan legalmente la categoría de ciudad. Toda ciudad que decidiera sumarse tendría que promulgar una ley local. Aun así, el programa solo se aplicaría a infracciones que supongan un peligro inmediato y que el propietario no haya corregido en un plazo razonable. El proyecto no establece un número de días uniforme en todo el estado. Excluye las viviendas en las que vive el propietario o que son la residencia principal de un dueño de vivienda.
El programa de reparaciones de emergencia que ya funciona en la ciudad de Nueva York muestra cómo pueden combinarse la reparación y el cobro: el organismo de vivienda puede realizar el trabajo o contratarlo, y un cargo por la reparación facturado por la ciudad que vence sin que se pague se convierte en un gravamen fiscal sobre el inmueble. El proyecto S1838 ordena a las ciudades participantes facturar la reparación al propietario. No establece ese mismo mecanismo de gravamen fiscal.
Las condiciones básicas ya se habían planteado. La versión de 2023 también limitaba la participación a las ciudades, exigía una ley local y excluía las viviendas ocupadas por sus propietarios y las que fueran su residencia principal. El Senado registra un veto en diciembre de 2023. El nuevo proyecto cambia la fecha prevista de expiración del 1 de mayo de 2027 al 1 de mayo de 2029 y mantiene la espera de 90 días desde que se convierta en ley hasta su entrada en vigor.
Para los inquilinos, aún faltarían varios pasos entre el envío del proyecto a la gobernadora y una reparación a cargo de la ciudad en el marco del programa piloto. El proyecto tendría que convertirse en ley, el estado tendría que financiar el programa y la ciudad tendría que sumarse y aprobar su propia ley. El texto del proyecto también prevé una reglamentación estatal y un modelo de ley local. Los inquilinos podrían consultar esos documentos y cualquier ordenanza local para aclarar lo que el proyecto deja abierto, como la forma en que la ciudad decidiría si el propietario tuvo tiempo suficiente para actuar.