Un tribunal de menores de Pensilvania puede estar obligado a divulgar el nombre, la edad y el domicilio de un menor tras determinar que cometió determinados delitos. El proyecto HB 2891 eliminaría cuatro entradas de las listas que pueden dar lugar a la divulgación pública. La Cámara de Representantes remitió el proyecto a su Comisión de Asuntos Judiciales el 10 de noviembre. La remisión no cambió la ley.
Según la ley vigente sobre expedientes judiciales, la regla de divulgación pública puede aplicarse cuando un tribunal determina que un menor, a partir de los 14 años, incurrió en una conducta que constituiría uno de los delitos enumerados si la hubiera cometido un adulto. También puede aplicarse cuando una nueva petición en un proceso de menores alega hechos sujetos a una audiencia conforme al artículo 6336(e) y existe una resolución anterior contra el menor que reúne los requisitos. La ley que regula los expedientes policiales contiene disposiciones paralelas.
Las cuatro supresiones del proyecto abarcan el allanamiento con fines delictivos tipificado como delito grave de primer grado, determinadas modalidades de robo con violencia o intimidación, la sustracción de un vehículo en presencia de su poseedor legítimo y las infracciones del capítulo sobre armas de fuego y otros objetos peligrosos. En la disposición sobre expedientes judiciales, el proyecto elimina esas entradas de ambas listas. Así, una resolución por la sustracción de un vehículo en presencia de su poseedor legítimo ya no bastaría por sí sola para activar la divulgación conforme a esas listas. Otra resolución que reúna los requisitos, por ejemplo, por hechos que constituirían un secuestro, aún podría dar lugar a la divulgación conforme a las reglas restantes.
El proyecto establece las mismas cuatro supresiones para los expedientes policiales. Mantiene las reglas específicas de consulta de expedientes judiciales y policiales, así como la lista de datos que los tribunales y las fuerzas del orden deben divulgar cuando un caso cumple los requisitos de divulgación pública.
La ficha del proyecto en la Cámara de Representantes registra la remisión y no muestra votaciones. El texto presentado dispone que, si la medida se convierte en ley, entrará en vigor a los 60 días. La remisión a comisión no pone en marcha ese plazo.