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Leyes y regulación

Una estadística de nuevas detenciones mal interpretada devuelve a un juez el caso de un artista

El Noveno Circuito determinó que la supervisión obligatoria de Victor Grandy puede terminar antes de plazo. El mismo juez deberá reconsiderar si corresponde ponerle fin.

Ilustración generada por IA. Una carpeta de artista ceñida por una correa evoca las restricciones de viaje en juego en el caso Grandy. · United Herald / ImageGen
Ilustración generada por IA. Una carpeta de artista ceñida por una correa evoca las restricciones de viaje en juego en el caso Grandy. · United Herald / ImageGen

Las obras de Victor Grandy se han exhibido en todo Estados Unidos, pero las condiciones de su supervisión federal limitan su libertad para viajar a sus propias exposiciones. El 12 de noviembre, el Noveno Circuito revocó la resolución que denegó su solicitud de poner fin anticipadamente a la supervisión. El tribunal de apelaciones devolvió el caso al mismo juez de distrito. Su fallo no puso fin a la supervisión de Grandy.

El tribunal de distrito había interpretado que el 76,5 por ciento era la proporción de condenados por tráfico de drogas detenidos de nuevo antes de que venciera el período de supervisión impuesto. Sin embargo, la figura C-10 del informe de 2022 de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos parte de un grupo más reducido: personas de la cohorte de 2010 condenadas en causas federales por tráfico de marihuana a quienes se les había impuesto supervisión. En ocho años, el 46,7 por ciento volvió a ser detenido. El 76,5 por ciento es la proporción, entre quienes fueron detenidos de nuevo, cuya nueva detención ocurrió antes de vencer el plazo impuesto originalmente. La comisión usó la fecha de vencimiento como indicador indirecto porque desconocía si esas personas seguían efectivamente bajo supervisión en el momento de la detención.

Grandy fue condenado por distribuir crack. El tribunal de apelaciones concluyó que la estadística sobre la marihuana no decía nada sobre su riesgo y que el juez de primera instancia se había apoyado en la cifra mal interpretada al determinar que existía una necesidad importante de disuadirlo de cometer futuros delitos. También concluyó que el juez había utilizado directrices obsoletas para los agentes de supervisión y había considerado erróneamente los buenos resultados de Grandy bajo supervisión como un motivo para mantenerla.

El caso gira en torno a dos decisiones distintas. Cuando Grandy fue sentenciado, la ley sobre drogas exigía diez años de libertad supervisada. El Noveno Circuito determinó que ese requisito no privaba al juez de la facultad de acortar el plazo más adelante. Conforme al artículo 3583(e)(1) del título 18 del Código de Estados Unidos, el juez puede poner fin a la supervisión una vez transcurrido un año, si la conducta de la persona y el interés de la justicia lo justifican, después de considerar los factores pertinentes que establece la ley. En la apelación, el Gobierno admitió que el plazo mínimo no impedía el cese anticipado, pero defendió la forma en que el tribunal de distrito sopesó esos factores.

La supervisión de Grandy comenzó en mayo de 2019. Llevaba unos siete años y medio cuando se dictó el fallo. El tribunal instó a las partes y al juez de distrito a actuar con rapidez para que una eventual decisión favorable aún pudiera tener efecto práctico. Rechazó asignar el caso a otro juez, por lo que el mismo juez deberá examinar de nuevo la solicitud conforme a los criterios que fijó el tribunal de apelaciones.

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